Entonces teníamos la excusa de la dictadura, pero ahora, en esta supuesta democracia, donde los políticos nos aseguran que las leyes hay que cumplirlas, lo mínimo que se les debe exigir es que hagan normas que tengan sentido.
Cuando un padre viola a su hija en medio de la calle, y la ley le deja ir, para que pueda volver a intentarlo a las 24 horas, como ha ocurrido en Lleida, es evidente que hay que cambiar la ley lo antes posible.
Cuando ocupan una vivienda, y la ley dice que no se puede hacer nada, porque los okupas han presentado un tique de haber comprado una pizza, y hay que seguir pagándoles hasta la conexión a Netflix, es evidente que hay que cambiar la ley.
Cuando, aprovechando grietas legales, padres extranjeros traen a sus hijos y les hacen pasar por menores no acompañados, para hacer luego una reagrupación familiar y lograr así ayudas y nacionalidad, como se ha detectado en Tarragona, hay que cambiar la ley.
Cuando, en la era del ordenador, se empadrona a la persona núm. 20 en el mismo domicilio, diga lo que diga la ley, hay que despedir al funcionario, y a su superior, por no poner una alarma en el programa que avise del fraude.
Y lo mismo pasa con los delincuentes reincidentes, la justicia que tarda años en resolver, los políticos más mediocres de Europa o con tener que enviar a nuestros jóvenes más formados al extranjero para importar otros sin ninguna formación. Un sin sentido tras otro.
En fin, de momento lo único que podemos hacer es exclamar: “Pero…, ¿en qué país vivimos?”, y llegadas las elecciones, penalizar a los partidos que nos han traído hasta aquí.
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