Por si fuera
poco, el caso afecta a una universidad pública, pero el resto de universidades
no han pedido la dimisión del equipo que lo ha perpetrado, lo que siembra una
sombra de duda sobre los motivos por los que no han salido a defender la
institución.
A parte la
injusticia que supone que a alguien se le reconozcan unos conocimientos que no
tiene, el mal es mayor por el desprestigio de toda la universidad durante años.
Si el equipo
rector lo sabía y se dejó presionar para darle el título debería dimitir en
pleno por decencia y por el bien de la institución. Además cuesta creer que
todo el proceso, desde la inscripción fuera de plazo, hasta las notas y el
título, pueda falsearlo una sola administrativa.
Pero las
repercusiones van mucho más allá porque nadie podrá confiar ya en que, detrás
de un máster de la universidad afectada o de las que no han abierto la boca,
hay los conocimientos que el título acredita.
Quizá dentro de
España eso no tenga mayor consecuencia porque un máster importa poco a la hora de
servir mesas, que es el trabajo que este país les reserva a los jóvenes que no
se vayan, pero para los que busquen ampliar conocimientos en el exterior, la
sospecha sobre los masters españoles será una losa durante años.
LIBERTAD PRESOS POLÍTICOS
VIVA LA REPÚBLICA
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