El interés del gobierno

Que el gobierno del PP no gestiona para los ciudadanos, sino para aquellas grandes compañías que puedan contratarles cuando acaben la legislatura, debe ponerlo en duda ya poca gente.

Un ejemplo es la ley que sanciona el autoconsumo energético. Que un país con el sol, el viento y la costa que tienen España haga una norma así, solo se explica si su impulsor espera colocarse en una eléctrica cuando acabe el mandato.

La ley no esconde su objetivo de proteger a las compañías de las pérdidas, en perjuicio de los consumidores que fabriquen su propia energía. Es una norma prepotente que no pretende mejorar la vida de los ciudadanos, sino mantener los privilegios de las eléctricas asustando al personal.

Que la ley es tan absurda como inútil, lo demuestra el hecho de que el estado aún no ha impuesto ninguna multa por su incumplimiento, cosa que no es de extrañar, teniendo en cuenta el ridículo que haría si los denunciados llevaran tales multas a Europa, cuando esta ya ha pedido que en 2020 el 20% de la energía consumida en todo el continente sea renovable.

Ante tal requerimiento europeo, ¿qué propone España? Garantizar el proteccionismo más rancio, multar a los consumidores o meterles en prisión y enviar a la Guardia Civil a desmantelar placas solares, baterías Tesla u otros dispositivos a los hogares particulares. Todo ello para asegurarse alguna plaza en un consejo de administración.

Lo más curioso del caso es que tal legislación será muy perjudicial para las mismas empresas si, en vez de modernizarse, diversificarse y entrar en el mercado de las energías alternativas, se acomodan a la sombra del estado y siguen abusando de las tarifas, porque cuando los ciudadanos adviertan que la ley está hecha en su contra y le pierdan el miedo, la caída de las eléctricas será imparable.