El chantaje de Castor

A ver si lo entiendo: como algunos políticos del PSOE querían ir a ver los partidos de fútbol al palco del Real Madrid, hicieron un acuerdo con Florentino Pérez, que vulneraba las leyes de la competencia, ya que preveía indemnizarlo en caso de pérdidas o incompetencia. Y ahora, para evitar que CASTOR provoque un terremoto, el PP acuerda pagarle 1.350 millones de Euros, que abonaremos todos durante los próximos 30 años.

Pues no, resulta que no lo entiendo y me parece que, para pedirme que pague durante el resto de la vida y que hipoteque a mis hijos y nietos, me lo tendrán que explicar mejor y hará falta algo más que las acciones de unos incompetentes en el palco de un campo de fútbol y el chantaje mafioso de que hay que pagar para que no nos destrocen las casas  de dos o tres provincias. 

Entiendo que si hi hay el compromiso coherente por acuerdo de gobierno habrá que cumplirlo pero, que el PP haya aceptado la indemnización sin más, indica incompetencia para defender los intereses de la ciudadanía y por tanto para gobernarnos. Había muchas alternativas, que ahora tendrán que impulsar los ciudadanos, si queremos mirar a los ojos del nuestros hijos sin avergonzarnos:

•  Pedir responsabilidades a los que tomaron la decisión, e inhabilitarlos por malgastar el dinero de todos.
• Denunciar el convenio a los tribunales de la competencia ya que, cubrir las pérdidas de una empresa con dinero público, es ilegal en la mayoría de los países de nuestro entorno y ello haría que la justicia lo anulara. 
• Poner denuncias pidiendo indemnizaciones por cada uno de los 512 terremotos. Deberían hacerlo tanto los municipios, comarcas y provincias donde se produjeron; como las asociaciones ecologistas; y las personas que han sufrido daños psicológicos mientras ha durado la actuación de CASTOR.  

Este caso evidencia muchas cosas: la primera, el poco respeto que la clase política tiene hacia la ciudadanía, y se ha llegado hasta aquí por consentirles durante demasiado tiempo; la segunda, pone de manifiesto su incapacidad para administrar dinero público, fruto de no haber hecho nunca auditorías económicas ni pedir responsabilidades; y tercero, muestra la oscura connivencia entre poder y empresas, por no tener una ley transparente de financiación de los partidos.