Quiero solidarizarme con la directora de Salud Pública, Dra. Carmen Cabezas, ante su imputación por las vacunas contra la COVID a la Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña.
Lo hago por ser una buena compañera y amiga, además de una excelente profesional, como ha demostrado en todo el proceso de vacunación y, además, porque yo hubiera hecho lo mismo si estuviera en su lugar.
Hay que enmarcar los hechos en un entorno de escasez de vacunas, de cambios en los criterios de administración, de falta de información de los agentes implicados y de parones en las vacunaciones a instancias del Ministerio.
Además, las competencias de la PN y la GC en Cataluña son expedir el DNI y el pasaporte o el control de fronteras, es decir tareas más administrativas, por importantes que sean, que mantener el orden público, reservado a los Mossos.
En Sanidad las listas de espera siempre se han gestionado con criterios clínicos, es decir por la gravedad de la patología, los riesgos para el paciente, la posibilidad de recuperación y, en caso de epidemia, reducir su expansión.
Con la imputación de la Dra. Cabezas la Justicia está mandando un mensaje muy claro: que para gestionar las listas de espera Sanidad abandone los criterios clínicos y lo haga con un “su turno” como en una pescadería.
Es una posibilidad, ni mejor ni peor, pero si los jueces nos imponen esos criterios, Sanidad debería pasarles todos los pacientes en lista de espera para que sean los juzgados quienes las prioricen.
En tal caso, ellos deberían gestionar también los conflictos que se generen, incluidas las posibles defunciones. Los sanitarios estaremos encantados y agradecidos.
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