Cuando el Tribunal Constitucional tuvo un presidente que era militante del PP, con carnet y todo, ningún juez dijo nada, a pesar de que aquel hecho era claramente contrario a la imparcialidad esperada en tan alto magistrado.
Cuando un responsable del PP alardeó de que ellos, una banda criminal, según la propia judicatura, controlaban la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”, ningún juez protestó ni se mostró avergonzado.
Cuando el Tribunal Supremo cambió en 24 horas la sentencia que había dictado para que los bancos pagaran los gastos de las hipotecas, echando por tierra su credibilidad y prestigio, ningún juez dijo “esta boca es mía”.
Cuando se excarceló a Sandro Rosell, por comprobarse que era inocente y, sin embargo, se premió con un ascenso a la magistrada que le había encarcelado, ningún juez denunció la tremenda injustícia cometida.
Cuando aceptaron no investigar quien era M. Rajoy, en los papeles de Bárcenas, ni la implicación del imán de Ripoll en el atentado de Las Ramblas, a pesar de ser confidente del CNI, ningún juez mostró su indignación.
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| Atentado de Las Ramblas, 13 muertos y 100 heridos (15 graves) |
¿Pero qué ocurre cuando el gobierno entero, no unos borrachos en la barra de un bar, sinó los ministros de la nación, cuestionan a un juez porque parece actuar con intencionalidad política y no jurídica?
Pues que esos mismos jueces, que deberían ser los más interesados en apartar las manzanas podridas de la judicatura, si es que las hay, salen en tromba mostrando un corporativismo propio de hooligans descerebrados.
Una verdadera pena de gente que, además, esperan que nos los tomemos en serio.
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