Pero los centros de decisión estaban lejos, las comunicaciones eran nefastas, la información llegaba con retraso y la mayoría de los ciudadanos no tenía ni el conocimiento ni la formación para decidir.
Ello obligó a escoger a representantes, personas formadas, supuestamente honestas y voluntariosas, dispuestas a dejarlo todo para desplazarse a los centros de decisión y defender los intereses de sus representados.
Hoy día las comunicaciones son mucho mejores, recibimos la información de forma inmediata, los ciudadanos están mejor formados y, lo más importante, confían más en sus propios criterios que en los de sus representantes.
Por eso el presidente Macron, acaba de proponer un cambio en la Constitución francesa para darle más voz a los ciudadanos, a través de referéndums, como algo inevitable para salvar la democracia.
Y esas declaraciones las hace el mismo día que el expresidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, dice sentirse violado porque algunos cuestionamos la Constitución.
En España los representantes no conocen a sus votantes y solo se deben a quien les puso en una lista electoral, su formación deja bastante que desear y muchos, como el PP, no son más que una banda criminal, según la Justicia.
Eso sí, siguen dándonos lecciones de moral y, para defender sus privilegios indecentes, nos amenazan con la Constitución, como antes lo hicieron con la Inquisición.
Cuestionar la Carta Magna es una obligación de los ciudadanos mientras solo sirva para asegurar la impunidad del jefe del estado, y si además limita el progreso y no nos permite decidir nuestro futuro, ¿para qué la queremos?
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