En ocasiones ambos
conceptos no coinciden, por ejemplo, al final de la dictadura la legalidad
franquista seguía presente, pero había perdido toda legitimidad dentro y fuera
del país.
Lo mismo le está
ocurriendo al estado en Cataluña. Nadie duda de que las leyes están vigentes y
de que pueden intervenir la autonomía, pero ni el estado ni sus leyes tienen ya
legitimidad aquí.
No la tiene
porque Cataluña es la única comunidad autonómica que se rige por un estatuto
que no es el que votaron los catalanes, sino por uno recortado y
discriminatorio, al declarar inconstitucionales aspectos que sí son
constitucionales en otros lugares de España.
Un estado no es legítimo
si tiene una forma impuesta por un dictador pero que no ha votado nadie, si exige
y amenaza pero incumple sistemáticamente las normas internacionales (1-5) y si no
respeta la democracia ni la separación de poderes (6-7).
Y pierde la legitimidad
cuando es incapaz de hacer progresar al país o mejorar la vida de los
ciudadanos (un 70% de jóvenes creen que ha de marcharse para ganarse la vida), o
cuando lo arruina regalándole el dinero de las pensiones a los bancos, mientras
en Europa lo hacen devolver con intereses.Un Ejecutivo deja de ser legitimo si solo hace leyes para favorecer a quienes puedan contratar después a sus miembros, si se sustenta en un partido corrupto, con un presidente incapaz de negar la financiación ilegal (8-10) y con ministros que, según la judicatura, son “indignos, deplorables e impropios” de ocupar un cargo público (11-14).
Por más que
España nos amenace con la legalidad, ¿será capaz de recuperar la legitimidad
perdida?
(9)
Según
Rajoy “Todo es absolutamente falso,
salvo alguna cosa, que es lo que han publicado los medios de comunicación”.
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