Por fin el 29 de
junio un parlamento español se ha atrevido a declarar nulas las sentencias
políticas de la dictadura. Y para que sea algo más que una vana declaración de
buenas intenciones, el 7 de julio se ha
hecho pública la lista de 66.590 condenados con nombres y apellidos.
Ha habido que
esperar 40 años de una transición que llamaron “ejemplar”, pero que nunca se
planteó reparar las injusticias cometidas por el franquismo.
Es lamentable que
haya tenido que ser una cámara autonómica la que haya adoptado una medida que
pedía a gritos la memoria de las víctimas y sus familiares, porque la nacional,
eludiendo su responsabilidad, evita los debates incómodos y las condenas al fascismo.
Resulta curioso
que haya sido impulsada con un gobierno de la denostada derecha, porque la
izquierda, incluso con mayoría absoluta, siempre ha preservado los logros de la
dictadura y ha mantenido los privilegios de los golpistas y sus herederos.
La pregunta es:
¿Qué hará ahora el Congreso?, ¿seguirá los pasos del Parlament y anulará las
sentencias de toda España? ¿O continuaran cambiando la dignidad de los reprimidos
por una pobre subvención, para no incomodar a los represores?
¿Qué hará el PP?
¿Empezará una campaña de recogida de firmas para reivindicar las condenas? ¿Llevará
la propuesta ante el Tribunal Constitucional para que la anule, porque los ajusticiados
por Franco lo fueron bajo una legislación y por tanto es inamovible?
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