Es curioso porque, a mi manera de ver, los primeros interesados en que se cierre el proceso con la amnistía y poder decir que todo está resuelto, es el propio estado.
Me explico. El Tribunal Supremo tuvo que tirar de delitos que no existen en ninguno de los países de nuestro entorno, como lo demuestra el hecho de que al President Puigdemont no lo hayan extraditado, como aquí pretendían.
De hecho, el delito de rebelión no era aplicable ni en España, puesto que no hubo más violencia que la empleada por los piolines el 1-O. Tampoco hacer un referéndum era delito, al estar despenalizado desde 2005.
Para condenar a los líderes independentistas tuvieron que inventarse delitos, retorcer las leyes y hacer una parodia de juicio que vulneró los derechos de los acusados.
Ahora los recursos están llegando a la justicia europea, que valorará la actuación del Supremo y nos exponemos a que nos digan que en vez de jueces imparciales, fueron una cuadrilla de hooligans descerebrados.
España no es ajena a las amnistías, sobre todo fiscales, que sirven para resolverle el problema de los patriotas de pacotilla que dicen amar a España pero tienen el dinero fuera.
En 1977 hubo una amnistía política, que benefició sobre todo a los cómplices del régimen porque, para sacar de prisión a los opositores a la dictadura, se aseguró que nunca se investigarían los crímenes franquistas.
Como las Naciones Unidas se oponen a las amnistías en casos de crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidios o violaciones graves de los derechos humanos, la amnistía que nunca debió aprobarse fue la del 1977.
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